Logo de la Diputación

Foru Aldundia - Diputación Foral

Contacto

Instituto Tutelar de Bizkaia

Menú Ayuda

Bizkaiko Tutoretza Erakundea - Instituto tutelar de Bizkaia

Guía Práctica

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN

El Instituto Tutelar de Bizkaia, desde su creación con la promulgación de la Norma Foral 9/2000, de 31 de octubre, tiene encomendadas entre sus finalidades principales no solo el ejercicio de las funciones tutelares que la autoridad judicial asigna, sino que también debe informar, orientar, y asesorar a aquellas personas que bien por ser familiares cercanos o por cuestiones profesionales, tengan relación con incapacitados o quien está en proceso de incapacitación.

Fruto de este deber nace la necesidad de divulgar esta pequeña guía con la finalidad de facilitar a familiares o profesionales una somera visión de cuáles son los pasos necesarios para proceder a solicitar la incapacitación judicial, redactada de una manera lo más sencilla posible, intentando responder a aquellas preguntas más habituales que se pueden plantear en un tema tan sensible como éste.

De esta manera, se especifican no sólo los derechos y posibilidades que la Ley reconoce a los incapacitados, sino también las obligaciones y funciones que corresponden a las personas, entidades y autoridades llamadas al ejercicio de los cargos tutelares.

Pero, además de un instrumento de apoyo esta guía también sale a la luz con el deseo de conseguir una mayor sensibilización social para que la tutela de las personas incapacitadas sea entendida siempre como una medida de protección de estas personas.

Bilbao, febrero de 2002

José Félix Pascual Castro

Director-Gerente del Instituto Tutelar de Bizkaia

GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN

anciano,anciana en jardin y anciana con bebe

Introducción:

Esta pequeña guía práctica no pretende ser un exhaustivo sobre la incapacitación. Va dirigida especialmente a profesionales de diferentes ámbitos para que conozcan qué es la incapacidad desde el punto de vista jurídico, así como los mecanismos legales que existen para declarar a una persona incapacitada y proteger sus intereses.

¿Qué es la incapacitación?

Es un procedimiento judicial encaminado a declarar que una persona tiene una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que le impide gobernar su persona y bienes o solamente su persona o sus bienes, determinando además el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.

El Código Civil no enumera las enfermedades o deficiencias, simplemente las limita a la persistencia en el tiempo y la imposibilidad de autogobierno. En todo caso deberán ser enfermedades o deficiencias actuales, no pasadas ni futuras, y deben producir el efecto de afectar al conocimiento y a la voluntariedad de los actos humanos con trascendencia jurídica.

¿Porqué la Ley exige la incapacitación de determinadas personas?

Porque tienen restringida la capacidad de obrar. Si bien la capacidad jurídica, es decir, la aptitud para ser sujeto activo y pasivo de derechos y obligaciones, la tienen todas las personas por el mero hecho de serlo y con independencia de sus circunstancias personales, la capacidad de obrar, o la aptitud para el ejercicio de aquellos, no es la misma ni igual para todos, pues requiere conciencia, inteligencia y voluntad y éstas no existen en todas las personas, ni en el mismo grado, por lo que la Ley obliga a retardar o suspender por cierto tiempo o por tiempo ilimitado la aptitud para realizar actos jurídicos.

¿Para qué se incapacita?

Precisamente para remediar la falta de capacidad de obrar con instituciones o medios supletorios, fundamentalmente la patria potestad y la tutela. Como no tiene capacidad de obrar y no puede realizar actos jurídicos validamente se le incapacita, con la finalidad de que otras personas lo hagan en su nombre, siempre bajo el control y vigilancia del Ministerio Fiscal y la Autoridad Judicial, a efectos de preservar el interés y beneficio del incapaz.

¿Es obligatoria, aconsejable o imprescindible la incapacitación?

El Código Civil establece la obligatoriedad de promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, por parte de los parientes más cercanos y la persona bajo cuya guarda se encuentre el incapacitado.

Además, se prevé que cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela, en cuyo caso pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela.

¿Cuál es la intervención de los incapaces y de sus familiares en el procedimiento de incapacitación?

Sus intervenciones son obligatorias y decisivas. Obligatorias porque el Juez tiene que examinar al incapaz y oír a los parientes en el Juicio de incapacitación. Decisivas porque de su análisis y preguntas, junto con las pruebas e informes médicos y psicológicos, el Juez va a determinar la extensión y límites de la incapacitación y la persona más idónea para desempeñar el cargo de tutor.

¿Cuáles son los efectos de la incapacitación?

Hay que establecer de forma tajante que la incapacitación no priva a los así declarados de realizar actos jurídicos. Algunas personas, por carecer de la inteligencia y voluntad necesarios, no tienen la capacidad o aptitud para realizarlos válidamente declarándolos, por ello, la Ley nulos de pleno derecho; necesitando así que otras personas les suplan, actúen en su nombre (padres o tutores), o simplemente les asistan (curadores) para que dichos actos adquieran plena validez legal.

Por esos motivos la sentencia incapacitando a una persona tiene que declarar la extensión y límites de la incapacitación. Es decir, debe establecer la incapacidad absoluta, afectante a todos los actos jurídicos del incapaz, o sólo la relativa y, consiguientemente debiendo cuidar, en este último caso, de determinar con precisión cuáles son los actos de gobierno de su persona y/o administración de sus bienes que no pueden realizar por sí mismo, para los cuales el incapacitado debe necesitar la representación o la asistencia de otras personas. Y esto último es extremadamente importante en el caso de los discapacitados leves o moderados, para lo cual es imprescindible la información que los padres y familiares, junto con las pruebas médicas que se practiquen o se acompañen al juicio, aporten al Juez a efectos de que en la sentencia no se les prive de realizar actos que por sí solos pueden realizar, en aras de la propia dignidad del incapaz y siempre teniendo muy claro que la finalidad de la incapacitación reside exclusivamente en la protección del presunto incapaz y sus intereses, y no el beneficio de otros (padres, tutores o familiares).

No. En cualquier momento posterior, por circunstancias sobrevenidas, se puede instar un nuevo procedimiento para dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación establecida.

¿Cuáles son las Instituciones de Guarda y Protección de los incapaces?

La tutela, la curatela y el defensor judicial. En los procedimientos de incapacitación la sentencia debe determinar el régimen de guarda o tutela a que haya de quedar el incapaz. Si el incapacitado es menor de edad no se constituye institución tutelar, sino que por prescripción del art. 171 del Código Civil, se rehabilita la patria potestad. Por tanto, solo cuando no exista ninguno de los progenitores se procederá al nombramiento de tutor o curador, únicas instituciones tutelares previstas que determine la sentencia de incapacitación.

¿Cuál es la diferencia entre tutor y curador?

El tutor suple la falta de capacidad absoluta del tutelado y es el representante legal y/o administrador de los bienes del incapacitado. El curador no suple la voluntad del afectado, sino que la refuerza, controla y encauza, complementado su deficiente capacidad, por lo que su función no viene a ser de representación, sino más bien de asistencia, protección e intervención en aquellos actos que haya de realizar el incapaz y estén especificados en la sentencia.

¿Quiénes pueden ser tutores?

Cualquier persona que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y no esté incursa en causa de inhabilidad. El Código Civil en los artículos 243 y 244 establece quienes no pueden ser tutores:

  1. Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial.
  2. Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior.
  3. Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo condena.
  4. Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñará bien la tutela.
  5. Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.
  6. Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o incapacitado
  7. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.
  8. Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o los que le adeudaren sumas de consideración.
  9. Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona.

Tampoco pueden ser tutores los excluidos expresamente por el padre o la madre en sus disposiciones testamentarias o documento notarial, salvo que el Juez motivadamente estimare lo contrario.

Además se establece un orden de preferencia para el nombramiento: cónyuge que conviva con el tutelado, padres, persona o personas designadas por los padres en testamento, descendientes, ascendientes o hermano que designe el Juez. Excepcionalmente el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiese.

También pueden ser tutores las personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapaces.

¿Cuáles son las funciones y deberes del tutor?

La tutela se establece para garantizar de forma permanente y estable de la guarda y protección de la persona y bienes del tutelado. Por tanto, se puede distinguir un aspecto personal y otro patrimonial en el contenido de la tutela. En cuanto al primero, los sujetos a tutela deben respeto y obediencia al tutor, quienes podrán, en el ejercicio de su cargo, recabar el auxilio de la autoridad.

Por su parte, el tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 1. a procurarle alimentos; 2. a educar al menor y procurarle una formación integral; 3. a promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad; 4. a informar al Juez anualmente sobre la situación del incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.

En cuanto al contenido patrimonial, el tutor es el administrador legal del patrimonio del tutelado y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia.

Por otra parte, el tutor es el representante legal incapacitado, pudiendo actuar como tal por sí sólo en los actos ordinarios de educación y cuidado personal del pupilo y de administración de su patrimonio. Sin embargo, para los actos extraordinarios precisa autorización judicial. En concreto precisa de ésta: 1. para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial; 2. para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados; 3. para renunciar derechos; 4. para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades; 5. para hacer gastos extraordinarios en los bienes; 6. para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía; 7. para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años; 8. para dar y tomar dinero a préstamo; 9. para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado; 10. para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

¿Es obligatorio el cargo de tutor?

Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Sólo se admitirá la excusa de los cargos tutelares en los supuestos legalmente previstos, es decir, cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo. Las personas jurídicas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela. El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento, o cuando acontezca la causa en caso de ser sobrevenida.

¿Hasta cuándo tiene que estar sometido el incapaz a la tutela?

Hasta que concurra una de las causas de extinción legal de la tutela, a saber: 1. cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado; 2. por la adopción del tutelado menor de edad; 3. por fallecimiento de la persona sometida a tutela; 4. por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad; 5. cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere; 6. al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela.

El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir cuenta general justificada de su administración ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses.

¿Están suficientemente protegidos los intereses de los incapacitados para cuando fallezcan los padres?

Sí. Se ha pasado de un sistema de tutela de familia en que el órgano decisor más importante estaba constituido por el denominado Consejo de Familia, que controlaba y autorizaba los actos al tutor, a un sistema de Tutela de Autoridad, es decir, bajo control y supervisión del Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial. Se imponen limitaciones al poder de representación, se prohiben al tutor realizar determinados actos con el tutelado, se le puede exigir prestar fianza para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y tiene que hacer un inventario de los bienes del tutelado al tomar posesión del cargo. Debe asimismo el tutor rendir cuentas anuales y al cesar en su cargo.

Además el tutor para los actos más importantes, tanto personales como de disposición y administración de los bienes del tutelado, necesita autorización judicial como ya hemos afirmado, que solo la dará cuando aquellos sean beneficiosos para el interés del incapacitado.

Por último en caso de inhabilidad, ineptitud, o ineficacia en el ejercicio del cargo o incumplimiento de sus deberes el tutor puede ser removido del cargo, procediéndose en este caso a nuevo nombramiento.

¿Qué es un defensor judicial? ¿Cuándo procede su nombramiento?

Es la persona nombrada por Juez para ejercer las funciones de amparo y representación de los incapacitados de forma transitoria en ciertos casos.

Se nombrara un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos: 1. cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador; 2. en el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo. Así, por ejemplo, en los supuestos de procederse a la remoción del tutor nombrado hasta que recaiga nuevo nombramiento, o en los casos de haberse alegado excusa para el cargo y se abandonare su ejercicio mientras se resuelve sobre la alegación.

Por el contrario, no procede el nombramiento de defensor judicial durante la tramitación del procedimiento de constitución de la tutela, pues la representación y defensa del tutelable se atribuye al Ministerio Fiscal hasta la conclusión de aquél.

¿Quién puede ser nombrado defensor judicial y cuál es el procedimiento adecuado para ello?   ¿Qué funciones se le encomiendan?

El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo. Son aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusas y remoción de los tutores y curadores.

El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez, al que deberá rendir cuentas de su gestión una vez concluida.

anciano con familia,anciana pintando y pareja ancianos

Esquema del procedimiento de incapacitación:

Fase inicial:

  1. Competencia: el Juzgado competente par conocer de la incapacitación es el de Primera Instancia del lugar en que el presunto incapacitado tiene su domicilio.
  2. El procedimiento se inicia mediante una demanda que están obligados a promover el cónyuge o descendientes, y en su defecto, ascendientes o hermanos del incapaz.
  3. Intervención del Ministerio Fiscal: es necesaria en estos procedimientos, bien como promotor o actor en defecto de los parientes obligados, bien como defensor del menor en los otros casos.
  4. Abogado y procurador: Es preceptiva la intervención de Letrado y Procurador en el procedimiento de incapacitación, ya sea asistiendo al pariente promotor, al presunto incapaz o como defensor judicial cuando sea el Ministerio Fiscal el que promueva la incapacitación.

    Si los familiares carecen de medios económicos suficientes debe informárseles que la incapacitación la pueden dirigir los Abogados de oficio, y todo ello a fin de no hacerles más gravosa una situación que ya de por sí no suele agradar a los parientes del incapaz.

  5. Tramitación: El procedimiento de incapacitación se seguirá las normas del juicio declarativo de menor cuantía.

Período probatorio

Pruebas obligatorias: Existen una serie de pruebas que hay que practicar necesariamente:

  1. Examen del presunto incapaz.
  2. Audiencia de parientes más próximos.
  3. Dictamen de un facultativo: médico forense.

Además de oficio el Juez puede decretar las que estime necesarias.

De forma idéntica se manifiesta la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, estableciendo como novedad que nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico.

Otras pruebas aconsejables:

  1. Junto con la demanda deberán presentarse como documentos a acompañar cualquiera que sirva para informar al Juez del estado y condiciones del incapaz: informes de psiquiatras, psicólogos, hospitales, declaraciones de minusvalías, pensiones, informes de los Directores de los Centros donde estén internados o residiendo, etc...
  2. Testigos: además de ratificar los informes que se hayan presentado pueden llamarse a declarar a personas que por su relación con el incapaz declaren sobre el estado y condiciones del mismo.

Sentencia

Tiene que determinar la extensión y límites de la incapacitación y el régimen de tutela o guarda a que haya de ser sujeto el incapacitado. Si el incapacitado es menor de edad tiene que rehabilitar la patria potestad y si fuera mayor de edad lo someterá a tutela o curatela.

La Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 recoge además la posibilidad de que en la misma sentencia se nombre a la persona o personas que hayan de asistir (curadores) o representar (tutores) al incapaz, siempre que así se hubiese solicitado en la demanda.